Se reitera la necesidad de que se lleve a cabo un estudio de valores patrimoniales que prevé la Ley de Patrimonio Histórico español.
NdR.- En su ‘línea habitual’, la AP de Tenerife ignora cualquier solicitud, documentos, requerimiento de información y respuesta a solicitudes; estas formas de actuación y trato, son cuestiones que desde hace muchos meses se vienen haciendo patentes y evidentes y han colmatado la paciencia de los usuarios, consignatarios, profesionales, empresas y entidades que se vinculan a cualquier sector del puerto. Simplemente ‘ni están, ni se les espera’. Esperemos que, ahora, al tocarle ‘las narices’ a Patrimonio y al Cabildo, llegue una respuesta… y que luego lo tomen como costumbre y den salida a las cientos de preguntas, solicitudes y demandas de resolución que acumulan en los despachos.
El Cabildo de Tenerife ha advertido a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de que podría incurrir en responsabilidades si no facilita información sobre la situación y los valores del edificio del Silo portuario.
La institución insular recuerda que, desde el primer momento, ha instado formalmente a la Autoridad Portuaria a realizar un estudio técnico de los valores patrimoniales del inmueble, tal y como establece el artículo 37 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, siendo esta una competencia que corresponde a dicho organismo estatal.
En este sentido, el Cabildo ha mantenido en todo momento una actitud de colaboración y plena disposición para analizar conjuntamente la situación del edificio, sin que hasta la fecha se haya recibido información sobre el resultado de las actuaciones ni sobre las conclusiones alcanzadas.
Asimismo, la Corporación insular ha atendido todas las solicitudes de información recibidas tanto del Colegio de Arquitectos como del Ministerio de Cultura, en el marco del procedimiento abierto por este último para recabar datos sobre las características del inmueble. En ese expediente, el Cabildo ha reiterado la necesidad de que se lleve a cabo el citado estudio de valores patrimoniales.
El consejero Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, José Miguel Ruano, ha señalado que “no se puede seguir dilatando una cuestión que afecta directamente a la protección del patrimonio y a la seguridad jurídica de las decisiones que se adopten sobre este edificio”.
Ruano añadió que “la Autoridad Portuaria tiene la obligación de informar y de actuar conforme a la normativa vigente. No hacerlo podría derivar en responsabilidades patrimoniales que deben evitarse con transparencia y rigor técnico”.
A pesar de que las competencias sobre el inmueble corresponden a la Administración General del Estado, desde el Cabildo «seguimos mostrando total disposición a colaborar en todo lo necesario, pero esa colaboración debe basarse en información clara y en el cumplimiento de la ley”, concluyó.
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