El 2026 está siendo un año especialmente intenso en novedades aduaneras. La aprobación del nuevo Código Aduanero de la Unión, los cambios en el comercio electrónico, la fase definitiva del CBAM y las nuevas exigencias y reglamentos medioambientales son algunos ejemplos.
Quién nos iba a decir hace unos años que los aranceles, el origen de las mercancías o las medidas de política comercial acabarían ocupando titulares casi a diario. Podríamos decir que las aduanas se han puesto de moda, aunque quienes llevamos años trabajando en este ámbito sabemos que nunca han dejado de ser fundamentales para el comercio internacional.
La geopolítica y las nuevas políticas comerciales han entrado de lleno en las decisiones empresariales. Hoy, para elegir un proveedor o decidir dónde fabricar, ya no basta con valorar el precio, la calidad o los costes logísticos. También hay que considerar los conflictos internacionales, las sanciones y las crecientes exigencias regulatorias y medioambientales. Ya no se trata únicamente de cuánto cuesta una mercancía, sino de si podremos producirla y comercializarla en las condiciones previstas.
En este contexto, 2026 está siendo un año especialmente intenso en novedades aduaneras. La aprobación del nuevo Código Aduanero de la Unión, los cambios en el comercio electrónico, la fase definitiva del CBAM y las nuevas exigencias y reglamentos medioambientales son algunos ejemplos.
Pero quisiera detenerme en una materia que siempre ha sido esencial y cuya importancia resulta hoy especialmente evidente: el origen de las mercancías. No solo condiciona cada vez más las decisiones comerciales, sino que también están cambiando las reglas y los procedimientos para determinarlo y acreditarlo.
Origen preferencial: nuevas reglas y exigencias de certificación
Las novedades en materia de origen preferencial se concentran en tres ámbitos: la reforma de los procedimientos, los nuevos acuerdos comerciales y los cambios en el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).
Una de las principales novedades es el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1183, que modifica significativamente los procedimientos de origen preferencial. Aunque su aplicación general está prevista para diciembre del 2027, algunas disposiciones se aplicarán posteriormente, por lo que conviene prepararse con antelación.
Especialmente relevantes son los cambios en las declaraciones de proveedores, esenciales para justificar el origen preferencial de las mercancías fabricadas en la Unión. Los cuatro modelos actuales, recogidos en los anexos 22-15 a 22-18, serán sustituidos por un único anexo 22-15, estructurado mediante datos normalizados.
El nuevo modelo permitirá documentar suministros individuales o continuados, de mercancías originarias y no originarias, incluso combinando ambas categorías. Deberá identificar a los operadores, las mercancías, su carácter originario y, cuando corresponda, las materias utilizadas, sus países de origen y las reglas aplicables.
No se trata de exigir menos información, sino de organizarla de manera más uniforme y facilitar su intercambio electrónico. Este cambio se aplicará desde el 23 de junio del 2028, por lo que las empresas deberían empezar a revisar las declaraciones que reciben de sus proveedores y las que emiten a sus clientes, especialmente las de larga duración.
La reforma incorpora otras simplificaciones: desaparece el certificado INF 4, sustituido por mecanismos de cooperación entre autoridades aduaneras, y se elimina la autorización previa para utilizar la separación contable de orígenes, cuando el acuerdo preferencial lo permita, sin suprimir las obligaciones de control y registro.
También cambian las pruebas de origen sustitutivas. Cuando las mercancías permanezcan bajo vigilancia aduanera, podrán sustituirse las pruebas iniciales, en los supuestos previstos, por otras extendidas por exportadores o reexpedidores registrados en REX. Resulta especialmente útil, por ejemplo, cuando un envío se fracciona en un depósito aduanero para distribuirlo entre distintos destinatarios, sin que ello amplíe la validez de la prueba inicial.
Precisamente en relación con el sistema REX, los representantes aduaneros podrán registrarse para actuar por cuenta de sus clientes, asumiendo las obligaciones derivadas de su intervención. Cuando ambos estén registrados, deberá utilizarse el número del representado. Además, los exportadores registrados deberán consignar su número REX con independencia del valor del envío, aunque el umbral de 6.000 euros se mantiene para determinados exportadores no registrados, salvo disposición específica del acuerdo aplicable.
Otra modificación interesante es la aceptación, bajo determinadas condiciones, de pruebas de origen caducadas, siempre que las mercancías se hubieran presentado en Aduana antes de su vencimiento y permanecieran en depósito temporal o bajo determinados regímenes especiales. En estos casos, la preferencia deberá solicitarse dentro de los dos años siguientes a la expedición de la prueba.
También merece destacarse el perfeccionamiento activo. La nueva regulación permite que los productos transformados obtenidos a partir de mercancías no pertenecientes a la Unión con origen preferencial conserven ese origen al despacharse a libre práctica, siempre que se cumplan las condiciones previstas. Existen excepciones, como la utilización de mercancías equivalentes o la incorporación de determinadas mercancías no pertenecientes a la Unión.
La reforma avanza asimismo hacia la certificación electrónica, incluido el futuro EUR.1 electrónico en el espacio paneuromediterráneo.
Son simplificaciones positivas, pero digitalizar las pruebas no exime de demostrar que las mercancías cumplen las reglas de origen. Las empresas deberán seguir conservando la documentación que justifique las materias utilizadas y las transformaciones realizadas.
Y los cambios no terminan aquí. La Unión Europea continúa ampliando sus relaciones comerciales, con nuevas oportunidades, pero también con una diversidad creciente de sistemas de certificación.
La aplicación provisional del Acuerdo Interino de Comercio con Mercosur, desde mayo del 2026, constituye un buen ejemplo, al que se suman los avances comerciales con India, Indonesia, Australia y México.
Ahora bien, disponer de un acuerdo no garantiza automáticamente una preferencia arancelaria. Hay que cumplir las reglas de origen y saber cómo acreditarlas, algo que se complica cuando incluso dentro de un mismo acuerdo pueden exigirse pruebas diferentes según se trate de una importación o una exportación.
Así ocurre con Mercosur. Mientras los exportadores europeos utilizan comunicaciones sobre el origen mediante REX, las importaciones procedentes de sus países presentan distintas modalidades de certificación y disposiciones transitorias.
A ello se suma el nuevo Reglamento (UE) 2026/1395 sobre el SPG, aplicable desde enero de 2027, que refuerza las condiciones de acceso a las preferencias comerciales para los países en desarrollo. También cambia el mapa de beneficiarios: Indonesia y Kenia dejarán de acogerse al SPG, aunque Kenia continuará disfrutando de preferencias mediante su acuerdo comercial con la Unión Europea.
Todo ello confirma que aprovechar las ventajas arancelarias exige conocer qué régimen resulta aplicable, cumplir las reglas de origen y disponer de la prueba adecuada.
El origen no preferencial: de cuestión técnica a decisión estratégica
Si el origen preferencial está cambiando, el no preferencial ha adquirido un protagonismo extraordinario con la política arancelaria impulsada por Donald Trump. Tradicionalmente asociado a derechos antidumping, contingentes y otras medidas comerciales, hoy puede condicionar la elección de proveedores y la rentabilidad de numerosas operaciones.
Determinarlo no siempre resulta sencillo. Sus reglas no están armonizadas internacionalmente y cambiar de proveedor, trasladar la producción o realizar operaciones de embalaje o etiquetado no significa necesariamente que las mercancías adquieran un nuevo origen.
Conviene recordar, además, que origen, procedencia y estatuto aduanero son conceptos diferentes. Una mercancía despachada a libre práctica en la Unión adquiere estatuto aduanero de la Unión, pero no por ello origen europeo.
Un ejemplo de esta evolución es el nuevo tratamiento arancelario establecido para determinadas mercancías estadounidenses. El Reglamento (UE) 2026/1455 contempla reducciones o eliminaciones arancelarias y determinados contingentes vinculados al origen no preferencial estadounidense, pero incorpora una particularidad.
Para beneficiarse de estas ventajas no basta con acreditar el origen. Conforme al Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1422, también debe demostrarse el transporte directo desde Estados Unidos o, en caso de tránsito por terceros países, el cumplimiento de las condiciones de vigilancia aduanera y no manipulación previstas.
¿Qué supone esto en la práctica? Que un certificado de una Cámara de Comercio estadounidense o una factura con la mención Made in USA no bastan, por sí solos, para acreditar el origen. Puede ser necesario aportar información sobre los procesos de fabricación y las materias utilizadas, además de documentación sobre el transporte y, cuando corresponda, la no manipulación.
Lo singular es que se incorporan exigencias tradicionalmente propias de los acuerdos preferenciales a unas ventajas basadas en el origen no preferencial. Se trata, además, de un régimen sujeto a evolución, cuyas ventajas podrán suspenderse y cuya vigencia se extiende, en principio, hasta finales de 2029.
El acero: cuando el origen aduanero ya no es suficiente
El sector siderúrgico es otro ejemplo de cómo están evolucionando las exigencias relacionadas con el origen. El Reglamento (UE) 2026/1384 establece un nuevo régimen de protección de la industria siderúrgica, con contingentes más restrictivos y un derecho del 50 % fuera de contingente.
Pero una de las novedades que mayor preocupación está generando entre los operadores es la obligación de acreditar, desde el 1 de octubre de 2026, el país de fusión y colada del acero, conforme al Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1963.
Y aquí hay una distinción importante: el país de fusión y colada no tiene por qué coincidir con el origen aduanero.
Por ejemplo, un producto fabricado en Turquía con acero fundido y colado en China podría adquirir origen turco si cumple las reglas correspondientes, aunque su país de fusión y colada seguiría siendo China.
Para acreditarlo, el Reglamento establece como prueba principal el certificado del laminador (Mill Test Certificate), que debe identificar el país de fusión y colada y el número de colada.
No obstante, hasta el 30 de septiembre del 2027, si no se dispone de dicho certificado, podrán admitirse otros documentos que contengan ambos datos, como facturas, certificados de calidad o declaraciones de proveedores. A partir de octubre del 2027, el certificado será la prueba principal exigida, que podrá complementarse con otros documentos, pero no sustituirse conforme al régimen transitorio.
La dificultad práctica es evidente: esta información puede encontrarse varios eslabones atrás en la cadena de suministro. Por ello, conviene solicitarla antes de contratar la operación y no cuando la mercancía ya está esperando su despacho.
A estas exigencias se suma el CBAM, que obliga a conocer las emisiones implícitas de determinados productos siderúrgicos. Así, una misma importación puede requerir tres controles diferentes: origen aduanero, país de fusión y colada y emisiones asociadas a la producción. Tres exigencias con finalidades distintas que ponen de manifiesto la importancia de conocer y documentar toda la cadena de suministro.

En definitiva, la evolución del comercio internacional y de su regulación confirma que conocer, determinar y acreditar correctamente el origen de las mercancías resulta imprescindible, tanto para aprovechar las oportunidades comerciales como para gestionar los riesgos y cumplir las nuevas exigencias. De ahí la importancia de la formación, el asesoramiento especializado y una adecuada planificación de las operaciones.
Fuentes: RadioMuelle y Canal Marítimo y Logístico
Irene Guardiola, Abogada especializada en Derecho Aduanero y Comercio Internacional y dirige Guardiola Lawyers International Trade & Customs















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