Llevan UN AÑO sin que ningún estamento del Gobierno español aclare la situación ni les facilite la salida de Senegal una vez terminado el acuerdo entre la UE y Senegal para pescar en sus aguas. No han recibido ayudas, no son repatriados, no se les dan soluciones, pero sí que siguen pagando las cuotas de autónomo y haciendo el IRPF trimestral, lo que les supone unas pérdidas de casi 6 millones de euros. «Les escribimos, les llamamos, pero nunca contestan».
«Necesitamos pedir sensibilidad a las autoridades competentes, en este caso al Gobierno español, tanto para que solicite autorización para ayudas de Estado como para que impulse, desde el punto de vista diplomático, los acuerdos de cooperación con los países de Centroamérica, que podrían ser una alternativa y una alternativa productiva a la situación» de los atuneros vascos amarrados en Senegal, declaró en Bruselas el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, quien instó esta semana al Gobierno español a que solicite la autorización a la Comisión Europea (CE) para concederles ayudas de Estado y también a que les facilite faenar en Centroamérica. .
Zarzalejos y el también eurodiputado del PP Gabriel Mato se reunieron en Bruselas con la diputada popular del Parlamento Vasco Ana Morales y con el presidente de la asociación Dakartuna, Miguel Ángel Solana, para tratar la situación de los atuneros varados en Senegal. Más adelante, se entrevistaron con un representante del equipo del comisario europeo de Pesca. Las cuatro embarcaciones vascas dedicadas a la pesca del atún en Senegal han tenido que amarrar tras la expiración del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Dakar. En mayo del año pasado, la Comisión Europea emitió una tarjeta amarilla a Senegal, instando a intensificar sus acciones para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Zarzalejos afirmó que el ‘limbo legal’ en el que se encuentran los cuatro atuneros vascos «está produciendo una situación seria de deterioro financiero». También subrayó que la solución para los barcos «tiene que venir de la convergencia de esfuerzos de la Unión Europea y las autoridades nacionales». Detalló que la UE puede «apoyar un proyecto de cooperación muy importante en el marco de la llamada economía azul, dentro del cual permitiría a estos barcos operar en aguas de un país centroamericano». «Hay conversaciones ya muy avanzadas con Costa Rica», apuntó, y manifestó que la UE también puede dar ayudas del fondo marítimo y pesquero.
«Entendemos que estos pescadores, estos barcos, deberían tener acceso a ayudas transitorias derivadas de la expiración del convenio. En tercer lugar, la Unión Europea tiene que autorizar el pago por parte de las autoridades españolas de ayudas de Estado», declaró. Agregó que los representantes del PP en la comisión de Pesca de la Eurocámara se han comprometido a entrar en contacto con otros grupos políticos y a utilizar «toda la capacidad de presión para que las autoridades competentes se fijen en la situación de estos barcos». «Desgraciadamente, no vemos en este momento ninguna posibilidad de que el acuerdo pesquero con Senegal se pueda retomar», comentó.
Morales, por su parte, recordó que el PP ha impulsado en el Parlamento Vasco una iniciativa en la que pide al Gobierno español «que eche una mano a estos cuatro barcos que están atrapados en Senegal con dos vías», en referencia a facilitar las licencias de pesca en Centroamérica y a la puesta en marcha de ayudas económicas. Añadió que Dakartuna les ha trasladado «una enorme preocupación», y dijo que las embarcaciones «no llegan a fin de año». Zarzalejos indicó que hay también un barco francés en la misma situación que los atuneros españoles
Y no es la primera vez…
El conflicto se arrastra desde finales de 2024, cuando los atuneros tuvieron que detener su actividad al expirar el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Senegal sin que se renovara. Ya en 2022, un desacuerdo similar provocó otro bloqueo de seis meses y la retirada temporal de licencias, lo que generó importantes pérdidas para el sector.
Esta vez, la inacción institucional y la falta de soluciones por parte de Bruselas y Madrid han llevado a los armadores al límite. “Hemos intentado contactar con la Secretaría de Pesca muchas veces, sin respuesta. Les escribes, llamas… y no contestan. Es terrible”, denuncia Miguel Ángel Solana, presidente de Cartuna.
La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) rechazó recientemente una propuesta para trasladar la actividad a Centroamérica, frustrando las expectativas de la flota para buscar nuevos caladeros. El Consejo Consultivo del sector, reunido en junio, también cerró la puerta a nuevas excepciones.
Por ahora, el único apoyo recibido procede del Gobierno Vasco, mientras que España y la Unión Europea no han ofrecido soluciones concretas para paliar las pérdidas o reactivar la actividad pesquera.
Radio Muelle/Efe/Diario Vasco
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