El CGAA advierte también del impacto del nuevo régimen aplicable a Gibraltar en la “fluidez” del comercio.
El Consejo General de los Colegios de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros (CGAA) ha planteado recientemente al Departamento de Aduanas la necesidad “urgente” de simplificar los procedimientos aduaneros y unificar criterios operativos. Lo ha hecho tras una reunión con este departamento en el que se han repasado diversas cuestiones que afectan al funcionamiento diario del comercio exterior.
Según Antonio Llobet, presidente del Consejo General, “nos encontramos en un momento clave en el que es imprescindible alinear la normativa con la realidad operativa del comercio internacional. No podemos permitir que decisiones que carecen de encaje práctico o jurídico acaben generando bloqueos. Es necesario reforzar la seguridad jurídica, aplicar criterios homogéneos y avanzar hacia una aduana más ágil y eficiente, que acompañe a las empresas en lugar de dificultar su actividad”.
En este contexto, el Consejo General “reafirma su compromiso de seguir trabajando para lograr un entorno más ágil, coherente y adaptado a las necesidades del comercio internacional, en beneficio de la competitividad de las empresas y del buen funcionamiento de la cadena logística”.
Según el CGAA, la sesión se ha desarrollado en un clima de colaboración institucional, “poniendo de relieve la importancia de mantener un diálogo permanente entre el sector y la Administración para identificar y resolver los problemas reales de la operativa aduanera”.
Caución
Por otra parte, se ha trasladado al Departamento de Aduanas la “inquietud” por los efectos derivados de una instrucción reciente sobre los certificados de caución. Tanto en una carta remitida el 4 de abril a la Subdirección de Gestión Aduanera como durante la reunión, el CGAA ha puesto de manifiesto “los problemas que surgen en el momento de justificar anualmente la vigencia de los certificados”.
Según el Consejo General, si se exige la emisión de un nuevo certificado cada año, las entidades aseguradoras no lo expiden, dado que ello implicaría duplicar el riesgo asumido hasta la devolución del certificado anterior. “Esta situación puede provocar que el certificado vigente caduque sin posibilidad de renovación efectiva, dejando a los operadores sin garantía ante la Aduana”, ha afirmado el CGAA.
En este sentido, la autoridad aduanera “parece dispuesta” a asumir la solución propuesta por el Consejo General, según la cual bastaría con aportar un escrito de la entidad aseguradora que confirme la vigencia de la póliza y el mantenimiento de la cobertura, junto con la acreditación del pago de la prima correspondiente, evitando así distorsiones y garantizando la continuidad de las garantías ante la Administración.
Durante el encuentro, en el que participaron los presidentes de los colegios de Algeciras, Antonio Varela; Irún, Martín Visiers; Santa Cruz de Tenerife, Juan Fraterno; y Tarragona, Manuel López-Frías, ambas partes han coincidido “en la importancia de reducir la carga burocrática y mejorar la eficiencia de los procedimientos”.
En este sentido, se han abordado cuestiones como la revisión de los criterios aplicados en la importación de productos, entre ellos los objetos fabricados con metales preciosos, cuya regulación será objeto de nuevo análisis, así como la necesidad de unificar interpretaciones en materias donde actualmente existen diferencias entre aduanas. Es el caso de las franquicias arancelarias en traslados de efectos personales, el suministro de productos sujetos a impuestos especiales a buques o la gestión de determinados regímenes aduaneros.
Aplazamientos de pago y tecnología
En relación con los aplazamientos de pago, el Departamento de Aduanas ha aclarado que las nuevas instrucciones se aplican únicamente a las solicitudes que se presenten a partir de ahora, “sin afectar a las ya concedidas, que se mantienen en sus términos actuales”.
La actualización responde “exclusivamente” a la adaptación del modelo de solicitud a la nueva normativa, “sin que ello implique cambios en las condiciones vigentes”. En este sentido, se ha confirmado que los plazos de pago no se modifican y continúan siendo de 30 días, “permitiendo a los operadores seguir gestionando sus pagos en las mismas condiciones que hasta ahora”.
En el ámbito tecnológico, el CGAA ha puesto de manifiesto diversas incidencias que están dificultando la tramitación de operaciones. En Canarias, por ejemplo, se detectan problemas derivados de la interacción entre el sistema VEXCAN (específico para la gestión aduanera en el archipiélago y adaptado a su régimen fiscal propio) y el modelo de declaración H1 (utilizado con carácter general para la importación de mercancías en la Unión Europea). “Esta combinación está generando dificultades que impiden tramitar con normalidad determinados despachos”, ha explicado el CGAA.
Asimismo, se han analizado incidencias en la gestión del Régimen de Perfeccionamiento Activo (RPA), que permite importar mercancías sin el pago de impuestos siempre que sean transformadas o reparadas y posteriormente reexportadas. “El sector ha detectado errores en el sistema que provocan la cancelación total del régimen cuando solo debería ser parcial, lo que genera distorsiones en la gestión de las operaciones y afecta a la correcta trazabilidad de las mercancías”.
Riesgos del acuerdo de Gibraltar
Por otra parte, el CGAA ha trasladado al Departamento de Aduanas su preocupación por el impacto del régimen aplicable a Gibraltar, en el contexto del acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el Reino Unido. En particular, advirtió de que la exigencia de garantías en las operaciones de tránsito T2GI “podría dificultar gravemente la operativa de las empresas y comprometer la fluidez de los intercambios comerciales”.
El Consejo General ha manifestado su rechazo a este planteamiento que, “en la práctica, traslada a los representantes aduaneros la obligación de constituir garantías para cubrir posibles deudas derivadas de estas operaciones”.
“De hecho en una reunión celebrada el día anterior, el sector reiteró que la responsabilidad en los tránsitos T2GI debe recaer exclusivamente en el exportador o declarante, que la exigencia de garantías a los representantes aduaneros carece de fundamento jurídico, que es desproporcionada y operativamente inviable, y que deben aplicarse de forma prioritaria los mecanismos de simplificación previstos en la normativa aduanera de la Unión”.
En consecuencia, el CGAA ha solicitado una “clarificación expresa” de los criterios aplicables, así como la adopción de medidas que garanticen la seguridad jurídica y la viabilidad de estas operaciones, “evitando posibles disrupciones en los flujos comerciales”.
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