Las infracciones de embarcaciones de recreo y motos náuticas concentran el 77 % de los casos, mientras repuntan las sanciones a pesqueros
La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, inició en el 2025 un total de 2.122 expedientes sancionadores, de los cuales 2.024 correspondieron a infracciones graves. La cuantía total para recaudar por las sanciones impuestas supera los 8 millones de euros, según datos de la Subdirección General de Normativa y Cooperación Internacional.
Las infracciones contra la seguridad marítima cometidas por embarcaciones de recreo (57 %) y motos náuticas (20 %) concentraron la mayoría de los expedientes. Además, se registró un repunte de sanciones a embarcaciones pesqueras, que representaron el 12 % del total, frente al 9 % del año anterior.
Durante el ejercicio se resolvieron 1.907 expedientes, incluidos procedimientos iniciados en años anteriores, mientras que 215 expedientes de 2025 permanecen pendientes de resolución. Asimismo, se tramitaron 143 recursos de alzada y 25 recursos contencioso-administrativos.
Contaminación y residuos
En materia de prevención y lucha contra la contaminación marina, la DGMM inició 16 procedimientos sancionadores en el 2025 y resolvió 20, incluyendo casos de ejercicios previos.
La sanción más elevada del año, de 380.000 euros, fue impuesta al buque K onset, de bandera de Liberia, por una descarga negligente de entre 25.000 y 30.000 litros de fueloil 180 en el puerto de Ceuta, causada por la apertura de una grieta en el tanque de combustible durante operaciones de suministro.
La DGMM tramitó 2.122 expedientes en el 2025, de los que 2.024 fueron graves
Entre los casos más relevantes también figura el del buque Lagertha, de bandera de Malta, sancionado con 200.000 euros por una descarga ilícita de hidrocarburos que contaminó una superficie de 12,7 kilómetros cuadrados y fue detectada por un avión de Salvamento Marítimo.
Asimismo, en el 2025 se resolvió el expediente del buque Arianna, iniciado en el 2023 y suspendido por prejudicialidad penal, que concluyó con una multa de 180.000 euros por denegar auxilio a una persona en el agua.
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