Desde hace muchos años, para lo que es la perspectiva de energías renovables, economía azul, verde y de otros colores, se viene hablando, proyectando y estableciendo parámetros de lo que son los sistemas y ‘granjas’ de energía eólica offshores en un país como España, rodeado de agua y con unos archipiélagos y unas aguas jurisdiccionales que pueden albergar lo que sea necesario. Sin embargo por no establecer -de forma estatal y ministerial- los procedimientos adecuados, las perspectivas se han diluido y las empresas inversoras se han buscado alternativas por el resto del mundo.
Todo comenzó hace, aproximadamente, 10 años. Pero desde que en 2023 se aprobaron los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), el sector de la energía eólica marina en España vive en una especie de limbo normativo. Aunque los POEM marcaron un hito al delimitar las zonas marítimas aptas para el desarrollo de parques eólicos flotantes, el país aún no cuenta con un marco estatal completo que regule su implantación, desarrollo y explotación.
Los POEM fueron recibidos con entusiasmo por la industria eólica, que los consideró la “señal de salida” para el despliegue de la eólica marina. Sin embargo, dos años después, las subastas para adjudicar zonas y proyectos siguen sin convocarse. El sector esperaba que 2025 fuera el año clave para desbloquear esta situación, pero a día de hoy, el desarrollo normativo sigue incompleto. Para que se hagan una idea, para este programa de proyectos de energías limpias intervienen 8 ministerios y 21 direcciones generales. ¡Cómo para ponerse de acuerdo!
Aunque España lidera en la fabricación de componentes como torres eólicas marinas —produciendo el 74% de las fabricadas en la UE en 2022—, la falta de regulación impide que esa capacidad industrial se traduzca en proyectos reales en aguas españolas.
Un sector sin profesionales formados
A este retraso normativo se suma otro problema estructural: la escasez de profesionales cualificados para abordar los retos técnicos y logísticos de la eólica offshore. La instalación de parques marinos requiere perfiles especializados en ingeniería naval, logística portuaria, mantenimiento offshore, cableado submarino, seguridad marítima y operación remota, entre otros.
Sin embargo, España no cuenta actualmente con centros de formación profesional específicos para estas tareas, ni programas educativos adaptados a las necesidades reales del sector. Mientras países como Dinamarca, Alemania o el Reino Unido han desarrollado ecosistemas formativos vinculados a sus estrategias energéticas marinas, en España la oferta educativa sigue centrada en la eólica terrestre.
Canarias, epicentro de la tensión entre transición energética y protección territorial
La implantación de parques eólicos marinos en España, y especialmente en Canarias, ha generado un intenso debate entre administraciones, empresas, colectivos ciudadanos y sectores económicos tradicionales. Aunque el archipiélago ha sido señalado como “punta de lanza” para el despliegue de la eólica offshore, la falta de consenso y planificación territorial está provocando fricciones cada vez más visibles.
Las Islas Canarias cuentan con condiciones excepcionales para la energía eólica marina: vientos constantes, profundidad adecuada para tecnología flotante y cercanía a puertos industriales. Sin embargo, la implantación de proyectos sin una planificación participativa ha encendido alertas sociales, ambientales y políticas.
En Tenerife, los proyectos El Pilón I y II, promovidos por DISA en los municipios de Fasnia y Güímar, han sido duramente criticados por su impacto sobre espacios naturales protegidos como el Malpaís de Güímar y el barranco de Herques. Informes técnicos y alegaciones ciudadanas denuncian afecciones directas sobre la biodiversidad, el patrimonio y el paisaje.
En Gran Canaria, colectivos como El Naciente han calificado la instalación de parques eólicos marinos como un “golpe al litoral canario” y acusan a las instituciones de actuar sin transparencia ni consenso social. La preocupación por el impacto en la pesca, el turismo y la identidad territorial ha llevado al Gobierno de Canarias a anunciar nuevos estudios para redefinir las zonas afectadas por los POEM.
Incluso municipios como Arico han solicitado ser declarados “saturados” de infraestructuras renovables, denunciando que la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos se ha hecho “disfrazando de verde lo que no lo es”.
¿Cómo avanzar sin fractura territorial?
La situación actual revela una paradoja: Canarias tiene el mayor potencial para liderar la eólica marina en España, pero también el mayor riesgo de conflicto si no se gestiona con sensibilidad territorial y social.
Para desbloquear el futuro del sector, es imprescindible:
- Establecer una normativa estatal clara y participativa, que garantice seguridad jurídica y respete los valores ambientales y sociales del territorio.
- Crear mecanismos de gobernanza local, que incluyan a ayuntamientos, cabildos, colectivos ciudadanos y sectores económicos en la toma de decisiones.
- Desarrollar centros de formación profesional en Canarias, orientados a las tareas específicas de la eólica offshore: instalación, mantenimiento, logística, seguridad y operación remota.
- Impulsar estudios de impacto ambiental rigurosos y sistemas de monitorización innovadores, como el proyecto de censos aéreos digitales apoyado por el Gobierno de Canarias.
La transición energética no puede construirse a costa del territorio ni de la cohesión social. Canarias tiene la oportunidad de ser referente mundial en eólica marina, pero necesita hacerlo con planificación, formación y diálogo.
Y la paradoja es que Canarias está sirviendo como plataforma y punto de referencia de ensamblaje, punto de carga y descarga de los sistemas y plataformas eólicas que se están instalando en la costa del Sahara a un centenar de kilómetros de las islas y, para más inri, cuando Marruecos comenzó con este programa hace apenas 7 años.
Conclusiones y perspectivas ¿Una oportunidad que se desvanece?
La energía eólica offshore representa una oportunidad estratégica para España: por su enorme potencial de generación, por su capacidad industrial instalada y por su posición geográfica privilegiada en el contexto europeo. Pero esa oportunidad, lejos de consolidarse, corre el riesgo de evaporarse en medio de la parálisis normativa y la ausencia de planificación formativa.
Para que el sector despegue, es urgente:
- Aprobar un marco normativo estatal claro y operativo, que permita convocar subastas, adjudicar proyectos y garantizar seguridad jurídica a inversores y comunidades.
- Diseñar una estrategia nacional de formación profesional, que conecte los institutos de FP, universidades y centros tecnológicos con las necesidades reales del sector offshore.
- Impulsar la colaboración entre administraciones, industria y comunidad educativa, para crear itinerarios formativos, certificaciones y prácticas adaptadas a los nuevos perfiles técnicos.
Sin estos pasos, España no solo se quedará atrás en una carrera que ya ha comenzado en Europa – y es una realidad en todo el mundo- sino que, además, perderá una oportunidad histórica de liderar una transición energética justa, innovadora y generadora de empleo. La eólica marina no es solo una fuente de energía limpia: es una palanca de soberanía industrial, de reconversión portuaria, de especialización tecnológica. Pero necesita viento normativo, visión territorial y formación profesional para desplegar sus velas.
Si no se actúa con urgencia, el país corre el riesgo de ver cómo otros lideran el cambio mientras aquí se acumulan los planes, las promesas y los conflictos sin resolver. La ventana de oportunidad está abierta, pero no lo estará para siempre.
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